Juez impide a Trump recortar fondos a decenas de ciudades "santuario"

El viernes, un juez federal impidió que la administración Trump cortara la financiación federal a docenas de ciudades y condados " santuario ", que abarcan varias de las ciudades más grandes de Estados Unidos.

El juez había dictaminado previamente en abril que era inconstitucional que el presidente Trump congelara la financiación a los gobiernos locales que limitan su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), conocidos comúnmente como ciudades santuario. Ese fallo se aplicó a más de una docena de ciudades y condados que habían demandado a la administración Trump por amenazar con cortar la financiación, entre ellos San Francisco, Sacramento, Minneapolis y Seattle.

El viernes, el juez federal de distrito William Orrick, con sede en San Francisco, extendió su orden a docenas de otros lugares que se sumaron a la demanda. Entre ellos se incluyen la segunda y la tercera ciudad más grandes de EE. UU. —Los Ángeles y Chicago—, así como Boston, Baltimore, Denver y Albuquerque.

CBS News se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Mientras Trump busca aumentar drásticamente los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados, altos funcionarios de la administración han presionado a los gobiernos locales para que ayuden y han buscado castigar a las llamadas jurisdicciones santuario con leyes que impiden que la policía ayude a ICE.

A pocas horas de asumir el cargo en enero, el Sr. Trump ordenó a su administración garantizar que las jurisdicciones santuario "no accedan a fondos federales". Semanas después, el presidente ordenó que los fondos federales no "faciliten la subvención ni la promoción de la inmigración ilegal", y la fiscal general Pam Bondi declaró que el Departamento de Justicia no otorgará subvenciones a las ciudades santuario. La administración argumenta que las ciudades santuario interfieren con la aplicación de la ley federal y dificultan que el ICE arreste a inmigrantes indocumentados, incluidos delincuentes violentos.

Las ciudades y condados que demandan a la administración califican estas políticas de "abuso de poder" y alegan que violan la Décima Enmienda, que establece que cualquier facultad que no se otorgue al gobierno federal debe reservarse a los estados. Argumentan que los gobiernos locales tienen derecho a optar por no colaborar con el ICE, y a menudo presentan las políticas de santuario como una forma de generar confianza entre la policía y los residentes locales, cuyo estatus migratorio podría hacerlos recelosos de denunciar delitos.

"En flagrante desacato a la ley, el presidente Trump busca una vez más castigar a quienes no están de acuerdo con él, coaccionar a las autoridades locales y obligarlas a llevar a cabo su agenda", afirma la demanda de las ciudades.

Las medidas de la administración Trump contra las ciudades santuario han generado una oleada de demandas, incluida una demanda presentada a principios de esta semana por 20 estados por la decisión del Departamento de Justicia de vincular las subvenciones a las víctimas de delitos a la aplicación de las leyes de inmigración.

El Departamento de Justicia también ha prometido demandar a docenas de supuestas jurisdicciones santuario, incluyendo tanto ciudades como estados. El gobierno demandó a la ciudad de Nueva York y al estado de Illinois por sus políticas santuario a principios de este año, aunque la demanda de Illinois fue desestimada por un juez el mes pasado.